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sábado, 18 de mayo de 2019

El laberinto judicial de la alcaldesa imputada

La socialista Fátima Abal está imputada por malversación y revelación de secretos. Además, le descubrieron en su casa la empresa “tapadera” de un contrabandista


La empresa “fantasma” vinculada a la regidora de Cambados tenía como objetivo acumular dinero opaco

Por Pablo Barrón |

La alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, del PSOE, cuenta en su currículum con el dudoso honor de ser una de las políticas más investigadas de toda España. En febrero de 2018, un policía local la denunció ante el juzgado de instrucción de Cambados que abrió siete diligencias distintas y están todas en curso. De momento, la regidora se halla imputada por un presunto delito de malversación de caudales públicos al haber ordenado el pago a un policía local (que ella reconoce como amigo suyo)

más horas extraordinarias de las que nunca se habían otorgado en el cuerpo municipal (en un solo mes acumuló más de 1.000 euros en horas). El agente, que también se considera amigo de la regidora, está imputado en la misma causa por presunto cohecho, que le atribuye la acusación. La segunda imputación de la alcaldesa corresponde a un presunto delito de revelación de secretos, por haber facilitado públicamente (en redes sociales)datos privados del agente que la denunció, el exdelegado sindical Manuel Duarte.

En relación con este caso también investigan los tribunales si el agente denunciado llegó a utilizar, efectivamente, un vehículo propiedad municipal para su uso personal, con gasolina a cuenta del ayuntamiento. A este respecto, se dio la misteriosa circunstancia de la desaparición del cuaderno de gastos de combustible del almacén municipal. El jefe de la policía local, Maximino Cid, que lleva varios meses de baja laboral, prestó declaración ante el juez durante 4 horas sobre este turbio asunto.

El funcionario denunciante también instó una investigación sobre la convocatoria de un concurso para cubrir una plaza de oficial de Policía, supuestamente para ascender al amigo de la alcaldesa, que ya le costó una derrota política a Fátima Abal, pues el ayuntamiento (a instancias del asesor jurídico) acabó por anular dicho puesto que ella había defendido a capa y espada. El policía perjudicado por la anulación de la plaza apeló ante los tribunales y éstos han confirmado la anulación del concurso.

Otra de las denuncias interpuestas por el exsindicalista Manuel Duarte afecta a un aspecto muy sensible: va contra un familiar directo de la alcaldesa que acometió unas obras de ampliación de vivienda que, según el acusador, serían ilegales porque solamente contarían con permiso de rehabilitación (la vivienda tenía una sola planta de altura y, tras las obras, cuenta con dos pisos). El asunto está en manos del juzgado y de los técnicos de urbanismo.

Entre los pleitos ya perdidos por la alcaldesa de Cambados se cuentan dos sentencias del juzgado contencioso administrativo de Pontevedra que, en junio de 2018, obligó al ayuntamiento a pagar 800 euros de multa por no entregar en plazo la documentación que había solicitado el Partido Popular en la oposición. Concretamente, el cuatripartito que cogobierna el ayuntamiento y que presume de transparencia, tardó más de un año en entregar actas semanales de la Junta de Gobierno Local. Otra de las causas perdidas se refería al derribo de una vivienda que el juzgado de lo contencioso obligó a cumplir, bajo amenaza de multa.

La empresa “fantasma”

Si con lo relatado anteriormente, la alcaldesa investigada ya incumple de largo el código ético del PSOE (Pedro Sánchez presumía de que no incluiría personas imputadas en listas electorales), el escándalo de la empresa “fantasma” domiciliada en la vivienda familiar de la regidora la sitúa políticamente fuera de juego. Se trata de una sociedad instrumental (Nunaga SL), administrada por el marido de la alcaldesa, que carece de actividad real y de empleados. Estas circunstancias no le impedían acumular en 2016 un patrimonio neto de casi 690.000 euros, cantidad que representaba en términos financieros el valor global de la firma.

En los documentos administrativos y contables, a los que tuvo acceso este diario, se especifica que la situación de la empresa era “ilocalizable”, tanto en 2012 como en 2016, pero el capital social se mantuvo invariable en los últimos años: 180.303,63 euros. Los datos serían menos relevantes si no fuera por el hecho de que, realmente, la inmobiliaria pertenece a un cuñado de la regidora que había sido investigado por contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales, aunque solamente llegó a ser condenado por falsedad documental.

Pese a centrar su objeto social en la “compraventa de bienes muebles e inmuebles, la construcción y promoción, la administración e intermediación inmobiliaria”, lo cierto es que no realiza ninguna de estas actividades. Lo que sí aparece reflejado en la contabilidad son dieciocho ingresos de dinero en efectivo, también denominados “inversiones financieras” (por ejemplo, una de 25.470 euros en 2015) para, supuestamente, “impulsar la actividad promotora” de la empresa.

Entre los movimientos (artificios) contables de la peculiar compañía figura un capítulo de “inversiones inmobiliarias”, que asciende a 297.532,08 euros en 2016, que habían sido 303.670,56 euros en 2015 y 304.888,32 euros en 2014. Se desconoce el destino de tales supuestas “inversiones”. También se citan aparentes “inversiones financieras a largo plazo” que en 2016 ascendían a 152.409,77 euros. Según expertos consultados, estos artificios contables no encajan con la supuesta actividad inmobiliaria, más bien suelen concordar con maniobras de presunto blanqueo de capitales.

La alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, que estuvo vinculada familiarmente a esta compañía durante al menos 15 años, descartó convocar el pleno municipal que había anunciado, a demanda de la oposición, mediante el cual, inicialmente, pretendía “limpiar el nombre de mi familia”. También reconoció que estuvo a punto de abandonar la política, tras conocerse este oscuro entramado societario familiar. Al final, alegó que un informe de un técnico de la Diputación provincial le impedía convocar el pleno y se lavó las manos. Ni explicó ni aclaró nada, pero Nunaga y sus casi 700.000 euros siguen levantando ampollas en Cambados.

El Partido Popular le instaba a explicar, no su vinculación con el contrabando ni con el narcotráfico, sino con la inmobiliaria bajo sospecha pues, se pregunta el portavoz municipal y exalcalde Luis Aragunde, “¿cómo puede esa empresa tener un patrimonio cercano a los 700.000 euros, sin actividad conocida ni empleados?”. Ya en plena campaña electoral, la alcaldesa se defiende adoptando una posición victimista y alegando que está siendo objeto de “calumnias” contra ella y su familia. La oposición cree que Fátima Abal no puede explicar la presencia de la “empresa fantasma” en su domicilio, ni mucho menos los sospechosos ingresos de dinero. Los otros tres grupos políticos que cogobiernan el Concello no se pronuncian respecto a este escándalo financiero.

Un vecino destapó el caso

Este polémico asunto lo sacó a relucir un letrado cambadés, que presentó una solicitud en el registro municipal para pedir la inclusión de este tema en un pleno y que la alcaldesa se explicase. El gobierno local hizo caso omiso a esta instancia de un particular y se limitó a archivarla. Ante el portazo del cuatripartito (PSOE, BNG, Somos Cambados y Cambados Pode), que presume de gestión transparente, no se ha podido conocer si los presuntos testaferros de esta compañía llegaron a cobrar algún salario o parte del dinero ocultado.

Todos los datos apuntan a que el marido de la alcaldesa podría actuar  siguiendo órdenes del verdadero propietario de Nunaga SL, Antonio Mosteiro Buceta, alias Levis, antiguo contrabandista tabaquero, condenado en la Audiencia Nacional por un delito de falsedad en documento público, e investigado por narcotráfico en los años noventa.

Juan Carlos D.F. se mantuvo al frente como administrador de la sociedad instrumental desde febrero de 2001 hasta enero de 2013; dimitió del cargo pocos meses después de que su esposa fuese designada como secretaria local del PSdeG-PSOE, tras el fallecimiento de su antecesor en el cargo, Rafael Blanco, en septiembre de 2012. La firma Nunaga mantuvo su domicilio social en casa de la regidora cambadesa hasta marzo de 2016 cuando Fátima Abal llevaba 10 meses en la Alcaldía. El 8 de marzo del citado año el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) publica el traslado de la sociedad a la avenida de Castrelo número 25, domicilio de Antonio Mosteiro, supuesto propietario real de la misma.

Entre las incógnitas de este oscuro asunto falta saber si el marido de la alcaldesa ingresaba un salario como administrador único, si el matrimonio está acogido al régimen de gananciales o separación de bienes y si declaraba los supuestos beneficios procedentes de la inmobiliaria, la cual maneja unas cantidades de dinero muy importantes. También deberían explicar de dónde  proceden los ingresos, el capital social y el patrimonio de Nunaga SL.

Condena por falsificar premios de lotería

El excontrabandista, cuñado del marido de la alcaldesa, fue condenado por falsificación de documentos por un tribunal de la Audiencia Nacional (año 2000), en un juicio en el que también estaba acusado de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, si bien acabó siendo absuelto de este delito. Un vendedor de la ONCE aragonés  firmó certificaciones falsas (en 1997) de números de cupones premiados por valor de 200 millones de pesetas, a beneficio del contrabandista cambadés y su mujer. El matrimonio justificó este dinero como fruto de la compraventa de marisco furtivo y los jueces se lo creyeron.

La Sala de lo Penal de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional no consideró que los acusados hubiesen blanqueado 1,2 millones de euros que les atribuía la acusación, ni tampoco que procediesen del narcotráfico sino de la comercialización ilegal de marisco. No obstante, durante el juicio el fiscal había acusado al matrimonio cambadés de fomar parte de “una organización dedicada a colocar en bancos dinero proveniente del tráfico de drogas”, por lo cual llegó a solicitar seis años de prisión para ambos y 1,2 millones de euros de multa. Para el delegado de la ONCE pedía idéntica pena de cárcel y una sanción económica más elevada.

Luchadora contra los narcos

Fátima Abal, que además de alcaldesa es secretaria comarcal del PSOE en el Salnés, se ha mostrado muy beligerante contra las redes del narcotráfico y mantiene una presencia constante en los actos de la Fundación Galega contra o Narcotráfico. Cuando era portavoz municipal del PSdeG-PSOE participó activamente en la recogida de firmas iniciada en Cambados para exigir la dimisión de Núñez Feijoo como presidente de la Xunta, tras publicarse fotos de su antigua amistad con el contrabandista Marcial Dorado. Acudió a la sesión del Parlamento Galego respaldando a distintas asociaciones que repudiaban las amistades peligrosas del mandatario, y entregó distintas condecoraciones a personas destacadas en la lucha contra la droga.

Su última aportación como luchadora contra los narcos se produjo durante la pasada edición de la Festa do Albariño cuando, mediante un decreto de alcaldía, forzó la expulsión de Laureano Oubiña de un puesto alquilado en el recinto ferial donde pretendía vender su libro autobiográfico Toda la Verdad y camisetas promocionales. La regidora consideraba que el extransportista de hachís ofrecía una “mala imagen” de Cambados. Oubiña se querelló contra la alcaldesa por prevaricación.

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