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La Fiscalía se querella contra el Govern y la Mesa del Parlament por sedición, rebelión y malversación


La Fiscalía General del Estado ha presentado este lunes dos querellas por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos contra los promotores de la declaración unilateral de independencia de Cataluña aprobada el viernes por el Parlament. Así lo ha anunciado el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en una comparecencia ante los medios.


La primera de estas querellas va dirigida contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras, y los 12 consejeros y se ha presentado ante la Audiencia Nacional. La segunda, ante el Tribunal Supremo, se dirige contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que autorizaron la votación de la declaración independentista.

La razón de que se presenten dos querellas es que tanto Puigdemont como los miembros de su Gobierno ya han perdido la condición de aforados después de su cese tras la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, mientras que Forcadell y los miembros de la Mesa Lluis Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet siguen siendo aforados, al ser integrantes de la Mesa del Parlament.

Fuentes de la Fiscalía indicaron que el expesidente de la Generalitat es considerado promotor del delito de rebelión, que está castigado con hasta 25 de cárcel cuando se produce sin uso de violencia.

La primera consecuencia de la admisión a trámite de la querella sería la citación de aquellas personas contra las que se dirija para tomarles declaración y en caso de incomparecencia se cursaría la correspondiente orden a las Fuerzas de Seguridad para su detención y puesta a disposición judicial.

Penas de hasta 30 años

El delito de rebelión está tipificado en el artículo 472 del Código Penal para aquellos que "se alzaren violenta y públicamente" por supuestos como "derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución" y también "declarar la independencia de una parte del territorio nacional".

De hecho, establece penas de cárcel de entre 25 y 30 años para los cabecillas de este tipo de delito, en función de si han empleado la fuerza o han "distraído los caudales públicos de su legítima inversión" para conseguir sus fines.

El artículo 473 precisa las penas para otros participantes en la rebelión, aparte de sus promotores: los que ejerzan "un mando subalterno" serán castigados con prisión de 10 a 15 años e inhabilitación absoluta de 10 a 15 años, y los "meros participantes" con la de prisión de cinco a 10 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a 10 años.

El artículo 479 establece que si se manifiesta la rebelión, la autoridad gubernativa llamará a los sublevados a deponer su actitud inmediatamente y si no lo hacen, "la autoridad hará uso de la fuerza de que disponga para disolverlos".

Quedarán exentos de pena, según el precepto 480, los implicados en un delito de rebelión que "lo revelaren a tiempo de poder evitar sus consecuencias".

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