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La Generalitat Valenciana anuncia que 13.000 inmigrantes ilegales cobrarán 524 euros al mes


El proyecto de renta valenciana de inclusión, una ayuda monetaria que concederá la Generalitat a personas con muy pocos recursos y que ampliará el espectro de beneficiarios de su predecesora, la actual renta garantizada de ciudadanía, requerirá un serio esfuerzo presupuestario de la Administración autonómica, ya que a los 45.000 beneficiarios actuales podrían sumarse unos 13.000 inmigrantes irregulares y cientos de trabajadores, posiblemente miles, cuyo sueldo no supera el 80% del salario mínimo (menos de 524 euros al mes).

Como ya anunció la vicepresidenta Mónica Oltra durante la presentación de esta iniciativa, una de las más importantes impulsadas por Igualdad, se van a reducir los requisitos necesarios para poder optar a esta prestación, que rondará entre los 266 y los 532 euros al mes. En concreto, a partir de su aprobación, podrán optar a esta renta de inclusión los inmigrantes sin permiso legal de residencia que lleven empadronados en algún municipio de la Comunitat, al menos, un año; y personas con bajos ingresos (bien por un empleo precario o por recibir una baja prestación de desempleo o jubilación), grupos que están excluidos del modelo actual. Sin embargo, la Generalitat todavía desconoce el montante aproximado que deberá destinar a la actuación. Para saberlo ha encargado un estudio a la Universitat de València, informe que, según confirmaron desde la propia conselleria, todavía no está terminado.

Con el modelo vigente en la actualidad, la Generalitat destinó unos 44 millones de euros el pasado ejercicio para abonar la actual renta garantizada de ciudadanía (385,18 euros al mes). Esta cifra, sin duda, deberá incrementarse una vez aprobadas las nuevas condiciones, aunque la Generalitat todavía no conoce el número exacto de potenciales nuevos solicitantes.

Por una parte se encuentra el grupo de los inmigrantes sin papeles. En julio de 2015, la consellera de Sanidad cifraba en unos 30.000 los extranjeros irregulares que vivían en la Comunitat, a la hora de calcular el número de personas que podrían beneficiarse de una de las primeras medidas impulsadas por el nuevo Consell: la de ofrecer cobertura sanitaria completa a los inmigrantes sin papeles. Desde ese momento y hasta la actualidad, según los datos aportados a LAS PROVINCIAS, por Sanidad, han solicitado la tarjeta sanitaria (SIP) unos 13.000 de ellos. Desde la conselleria aclararon que la diferencia de cifras se debe a que, en este tiempo, buena parte de este colectivo ha regresado a sus países de origen, ha conseguido la nacionalidad o, simplemente, no se ha dado de alta en el sistema bien por desconocimiento o porque no lo ha necesitado. En esta línea, recordaron también que existe una comisión mixta en la que participan ONG a través de la cual se llevan a cabo campañas informativas para informar a este colectivo de estos nuevos derechos. Por tanto, la cifra de 13.000 potenciales nuevos aspirantes a las ayudas podría incrementarse todavía más.

Los nuevos solicitantes se sumarán a los 45.000 beneficieraios de la actual renta garantizada

Por otra parte, también se amplía el espectro de posibles solicitantes a los empleados con pocos ingresos. En este grupo se encuentran, en la actualidad, más de medio millón de valencianos, aunque no todos ellos podrían optar, ya que únicamente van destinadas a hogares en riesgo de exclusión. Por ejemplo, estos complementos salariales se destinarán a unidades familiares cuyo único ingreso está por debajo del 80% del salario mínimo interprofesional. De esta forma, parte de los 417.745 valencianos que, en la actualidad, perciben menos de la mitad del salario mínimo interprofesional, según datos de la Agencia Tributaria, reunirán las condiciones para solicitad la futura renta complementaria de ingresos, que supondrá un añadido a sus salarios actuales, aunque el importe dependerá de cada caso.

Mientras tanto, la puesta en marcha de la iniciativa continúa avanzando. El pasado 4 de enero terminó el plazo de presentación de alegaciones y enmiendas al borrador preparado por la conselleria. Los técnicos ahora están recopilándolas y estudiando su contenido. Sin embargo, no son públicas, como concretaron desde Igualdad.

Sobre el la cantidad de nuevos posibles solicitantes, desde la conselleria apuntaron que «el número de beneficiarios no será fiable hasta que el texto esté más avanzado en su tramitación». Los plazos de este proceso tampoco son demasiado concretos. Durante el primer trimestre del año está prevista la aprobación del anteproyecto por el pleno del Consell. «La puesta en marcha es más complicado de concretar porque depende de los plazos de Les Corts», indicaron fuentes de la Conselleria de Igualdad.

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