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La Justicia española necesita una profunda transformación para tener credibilidad y garantizar la seguridad jurídica


Por Miguel Bernad | Abogado y Secretario General de MANOS LIMPIAS

Uno de los pilares del Estado de Derecho, y de una auténtica democracia, es la división de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

En España tenemos un poder judicial que necesita de una profunda transformación.

La independencia del poder judicial y su funcionamiento carece de toda credibilidad.

Los principios que inspiran nuestra Carta Magna quiebran por una legislación que desarrolla la norma suprema, y por el funcionamiento de jueces, magistrados y el ministerio fiscal.

Ni la Ley orgánica del Poder Judicial, ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni la semi derogada Ley de tasas judiciales, ni la composición política del Consejo General del Poder Judicial, ni los Tribunales Superiores de Justicia de las diferentes comunidades autónomas, ni los nombramientos de magistrados en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional garantizan una justicia independiente, ágil, eficaz, donde los ciudadanos encontremos seguridad jurídica.

Describimos una serie de datos objetivos que avalan nuestro análisis:

Se producen constantemente, y de manera habitual. Dilaciones en los procedimientos judiciales.

Esas dilaciones generan indefensión.

No existe presunción de inocencia.

Se aplica la “pena de telediario”, que supone una condena anticipada, y sin sentencia judicial alguna.

Se abusa del derecho y se comete fraude procesal.

Se filtran datos de los sumarios que están bajo secreto, sin que nunca se impune a nadie por tales filtraciones (sean producidos por los jueces, fiscales o funcionarios judiciales).

Se incumplen innumerables sentencias.

No existe unidad jurisdiccional, con la proliferación de Tribunales Superiores en las 17 comunidades autónomas.

Los aforamientos distorsionan nuestro sistema judicial, pues supone hurtarle la competencia al juez natural.

Un considerable número de resoluciones judiciales no están suficientemente motivadas, y se acude con demasiada frecuencia al uso de formularios estereotipados de sentencias, autos y no digamos providencias…

Los errores judiciales se cuentan por centenares, pero difícilmente se sanciona a un juez o fiscal.

Se masacra la acción popular, criminalizándola y poniéndole todo tipo de trabas, destinadas a establecer, de facto, un monopolio de la acusación en manos del ministerio fiscal, que dicho sea de paso, está totalmente controlado por el gobierno de turno.

Ese Ministerio Público está totalmente politizado, y aspira a hacerse con la defensa de la legalidad, con carácter exclusivo y excluyente de los ciudadanos, asociaciones destinadas a mejorar la acción de la justicia, como MANOS LIMPIAS, etc., ya que no quieren competencia, ni que nadie pueda revisar, controlar u oponerse a sus actuaciones, en muchas ocasiones demasiada discrecionales, por no decir claramente arbitrarias.

La justicia gratuita funciona con excesiva lentitud, y se benefician de ella más los extranjeros que los españoles, que somos quienes la mantenemos con nuestros impuestos.

Hay una justicia no con dos varas de medir, sino con doscientas… Los casos de Rodrigo Rato, Miguel Blesa, Urdangarín, familia Pujol, Messi, Neymar, de Aristegui, Chaves, Griñán, y un largo sinfín de varas distintas de medir, se producen a diario. (Algunos no han sido detenidos ni pisado la cárcel, y a otros no nos dejan salir de ella por el “peligro público” que suponemos, a nuestros 74 años de edad…).

En definitiva, nos encontramos ante un sistema judicial con más de cinco mil jueces, y los intentos fallidos de una digitalización de los diversos procedimientos, que no garantizan la seguridad jurídica de los ciudadanos, y que además permiten a los poderes políticos autonómicos acceder fácilmente a las causas judiciales…

De ahí que la percepción real que la sociedad española tiene de la justicia es de UNA TOTAL FALTA DE CREDIBILIDAD.

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