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Indignación social enorme

José Manuel López García

Ante la corrupción que está llenando los periódicos estos días por la operación Púnica, más otras que son de todos conocidas, como los ERE de Andalucía, la opinión publica de este país se siente traicionada y engañada y explotada por una parte de la clase política, especialmente, por los partidos con más peso de votos hasta ahora. Y si bien puede ser entendible que la vinculación de lo público con las empresas privadas supone un riesgo de posible tráfico de influencias, sobornos y comisiones ilegales, esto no supone que no sea evitable que estas cosas sucedan. No se puede caer en el pesimismo y la desesperanza. A mi juicio, es necesario que se adelanten las elecciones generales para que la población decida si ya está bien, y piense en las formaciones políticas que poseen una auténtica legitimidad para ejercer el gobierno.

Porque con estos niveles de corrupción generalizada la posible regeneración política, y democrática cada vez parece más difícil y lejana. La petición de disculpas no es suficiente, en mi opinión, y tienen que ser los propios españoles los que decidan si no es hora de no aceptarlas, y pedir responsabilidades que se pueden sustanciar en las urnas, sin esperar a que sean en enero de 2016, como parece que pretende el presidente del gobierno.

De todas maneras, las elecciones previas municipales y autonómicas abren un horizonte a priori positivo para observar la reacción de los votantes ante la situación general de este país, que no parece que sea idílica y maravillosa con la tasa de paro existente, etc. A esto se añade puestos de trabajo precarios, jornadas parciales, en definitiva, escasa calidad en la oferta laboral a los ciudadanos. A lo que se une la economía sumergida que perjudica a los que trabajan y pagan sus impuestos. Porque si hubiera más vigilancia, y más controles desaparecería gran parte de la economía oculta, y se obligaría de facto a trabajar en condiciones legales, lo que a la postre nos beneficiaría a todos.

No se ha alcanzado un pacto político contra la corrupción. Aunque se podría pensar en lograr un pacto social y político, que afirme la absoluta necesidad de un juego limpio, en el ámbito del poder estatal central autonómico y municipal.

La igualdad de oportunidades en el acceso a posiciones y cargos y el derecho a unos bienes básicos y a una vida digna están siendo laminadas en el imaginario colectivo, con los abundantes ejemplos de corrupción política y económica. Porque para el filósofo norteamericano John Rawls el conjunto de instituciones conforma la «estructura básica» de una sociedad. El denominado capitalismo del laissez-faire no es el conveniente en la situación convulsa en la que vive España y Europa. El dar garantías económicas a los socialmente más débiles es una de las afirmaciones fundamentales de Rawls, algo que considero coherente, sensato, y sobre todo racional y justo. Sabiendo que este célebre filósofo político estadounidense elabora su teoría de la justicia desde una perspectiva liberal, que no está de acuerdo con el utilitarismo y el socialismo. Si bien defiende la intervención del estado para corregir las desigualdades en la sociedad. La filosofía para Rawls plantea los principios de justicia. Y es cierto, en mi opinión, que lo más prioritario, actualmente, es la restauración de la justicia social gravemente dañada en un estado social de derecho que está dejando de serlo, realmente, o de modo efectivo y material.

Todo lo que acabo de exponer está sujeto a muchas matizaciones, análisis políticos, valoraciones, interpretaciones minuciosas, y reflexiones profundas. Pero, en el fondo, es el resultado del hastío de los ciudadanos de este país ante tantos, y tan graves casos de corrupción.

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