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Joaquín Leguina | Ya lo dije

En el año 1999 publiqué esta nota… así que no digan ahora que nadie les había advertido. Y no fui sólo yo, hubo muchos más y con más méritos que lo advirtieron, pero no hay peor ciego que quien no quiere ver.
“Hágase urbanizable, recalífíquese gran cantidad de suelo y una acrecida oferta hará bajar los precios”. Éste ha sido y sigue siendo el eslogan de quienes, con irritante monotonía, tocan la flauta del mercado con el solo agujero por el que la soplaba Bartolo. Los resultados ahí están: los precios del suelo, ya en las nubes, siguen en ascenso imparable.
La especulación inmobiliaria opera en España como el narcotráfico en Colombia: tiende a corromperlo todo. Pero este asunto, que sí está en la agenda social y mediática, no está en la agenda política. La lentitud con la que el Gobierno ha elaborado una nueva Ley del suelo muestra hasta qué punto los intereses inmobiliarios juegan en todos los campos políticos. No en vano “el sector” –eso dicen ellos- es el motor de la economía española y poco importa que nos estemos comiendo a nosotros mismos. Nuestro paisaje, nuestras costas, nuestras ciudades que expulsan –como en Madrid- a sus jóvenes (y no sólo a ellos) al extrarradio, forzando viajes diarios de ida y vuelta, es decir, mayor colmatación, más contaminación, más incomodidad… pero no son los constructores como tales los protagonistas de esta historia.
Las empresas constructoras españolas trabajan con costes y tecnología competitiva a nivel internacional. Los protagonistas en la carestía son los especuladores, que ahora se hacen llamar operadores del suelo. Son ellos los malos de esta película, los que pululan por los ayuntamientos mediante redes corruptoras, siendo el momento de la recalificación el de untar a los ediles, consejeros, etc.

Serán unos “chorizos”, pero no están solos. Últimamente se han metido en este baile como nuevos “operadores” los Bancos. Éstos han comprado durante los últimos 15 años en toda España el 50% del suelo urbanizable.

El mercado del suelo, desregulado, se halla hoy manipulado por grupos cuyo fin es controlar la oferta, dosificándola de tal suerte que la plusvalía, es decir, la diferencia entre el precio de compra y el de venta, sea la mayor posible.
A estas alturas conviene recordar el tenor literal del Artículo 47 de la Constitución vigente. Dice así: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos … [regularán] la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

No se trata de pensar, al “anguitiano modo”, que, pues la Constitución dice que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, a partir de mañana se deberán entregar gratis las casas necesarias, pero habrá de admitirse que “regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación” está en las antípodas de la política actual. Una política que, como es evidente, niega, además, la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos. Queda por saber quién le pondrá el cascabel al gato. En cualquier caso, la palabra clave es expropiación. Expropiar a precios de suelo rústico, ahí está la solución.

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