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Aleix Vidal-Quadras | Unidad ¿A qué precio?

Con motivo de la polémica desatada en el seno del Partido Popular en relación a la concesión del tercer grado penitenciario al etarra Josu Uribetxeberría, algunos de sus dirigentes han invocado la unidad del partido como bien a preservar por encima de cualquier otra consideración. Aunque no lo han expresado de manera explícita, el argumento que subyace a esta llamada a la cohesión interna es doble: por un lado el hecho conocido de que una organización política que aparece dividida pierde la confianza de los votantes y por otro que los principios de jerarquía y disciplina deben prevalecer sobre la libertad de opinión o las convicciones de los militantes. Sin negar que el mantenimiento de un propósito y una posición comunes presta fuerza a las opciones políticas, esta obviedad ha de entenderse sujeta a consideraciones que en términos morales son de un orden superior. Cuando un miembro de un partido llega a la conclusión meditada y razonada de que la línea oficial o las decisiones del Gobierno de su color colisionan con los fundamentos doctrinales, los valores o los compromisos que definen las siglas a las que presta su adhesión, el silencio o la aceptación sumisa de semejante situación le convertirían en un mero engranaje de una máquina vaciándole de criterio propio o en un pusilánime que no se atreve a irritar al mando por miedo a sufrir represalias. La política no es una actividad servil de burócratas, oficinistas o empleados, es un noble oficio para hombres y mujeres libres, dotados de conciencia y autonomía de pensamiento y de creencias. El debate y la pluralidad de enfoques son necesarios para que un proyecto tenga vitalidad y para preservar su coherencia. Al igual que sería irresponsable agitar continuamente el conflicto por cuestiones nimias o incluso de relevancia media, la supresión sistemática de todo contraste de posiciones cuando los asuntos que se dirimen, como es el caso que nos ocupa, afectan al nervio esencial de la concepción política y ética que aglutina a los sectores sociales que apoyan una determinada visión colectiva, impondría un totalitarismo inaceptable. Aquellos que crean honradamente que las objeciones que hemos presentado un grupo cualificado de representantes del PP a la piadosa medida adoptada por el Gobierno en favor de uno de los peores monstruos de la banda asesina, no son correctas, pueden exponer sus razones de carácter jurídico, político y humanitario, si es que las tienen, pero el toque de clarín llamando al cierre de filas revela una debilidad dialéctica y un reflejo autoritario que no les honra en absoluto.

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